La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California sostuvo que el cateo realizado en una vivienda del fraccionamiento Portales 1, en Mexicali, se efectuó conforme a la ley y con autorización judicial, luego de que la propietaria del inmueble denunciara públicamente presuntas irregularidades durante el operativo.
De acuerdo con declaraciones de la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, la intervención fue autorizada por un juez de control tras la integración de una carpeta de investigación sustentada en una denuncia anónima y testimonios que apuntaban a posibles actividades relacionadas con la venta de drogas al menudeo en el domicilio señalado.
El caso generó atención pública después de que la propietaria, identificada como una emprendedora local, cuestionara la legalidad del procedimiento y denunciara supuestos abusos cometidos por agentes durante el cateo. Ante estas acusaciones, la Fiscalía afirmó que la diligencia se realizó bajo los protocolos establecidos y dentro del marco jurídico vigente.
Las autoridades estatales señalaron que la solicitud de cateo fue presentada ante el Poder Judicial con base en elementos de investigación recabados previamente, procedimiento que, según la legislación aplicable, es requisito indispensable para ingresar a una vivienda particular cuando existe la sospecha de la comisión de un delito.
La controversia ha generado debate en redes sociales y entre distintos sectores ciudadanos sobre los alcances de las facultades de investigación de las autoridades y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de las personas durante los operativos ministeriales.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si derivado del cateo se realizaron aseguramientos o detenciones relacionadas con la investigación. Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis y ha despertado interés por las implicaciones que podría tener en materia de derechos humanos y actuación policial.
