El miércoles, ante el Congreso del Estado, se presentó una iniciativa legislativa dirigida a combatir el “halconeo”, práctica que consiste en vigilar u obtener información sobre instituciones de seguridad y procuración de justicia con fines delictivos, informaron autoridades del Gobierno de Baja California.
Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del estado, explicó que la propuesta busca reformar el artículo 317 TER del Código Penal, incorporando como conductas sancionables el intervenir, alterar o dañar sistemas de videovigilancia en inmuebles públicos o vialidades, así como la instalación de cámaras en la vía pública o en espacios que prestan servicios públicos.
Pon Méndez aclaró que la iniciativa no considerará delito la instalación de cámaras de vigilancia privadas en domicilios particulares. Además, se establece como agravante cuando la conducta sea cometida por servidores o exservidores públicos de seguridad o de la administración de justicia, así como por quienes intervengan canales o transmisiones oficiales para obtener información.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmó oficialmente la iniciativa, destacando que la medida busca fortalecer la paz y la seguridad en la entidad. La mandataria también informó que, hasta la fecha, se han retirado más de 1,600 cámaras de videovigilancia ilegales de las vías públicas de Baja California.
You must be logged in to post a comment Login