Más de mil 400 expedientes activos contra funcionarios y policías en Mexicali

La Sindicatura Municipal mantiene más de mil 400 expedientes activos en contra de funcionarios públicos y elementos de la policía municipal, como parte de las investigaciones administrativas en curso dentro del Ayuntamiento.

De acuerdo con informes oficiales, actualmente existen alrededor de 1,443 expedientes abiertos, que abarcan tanto a personal administrativo como a corporaciones de seguridad.

Del total, cerca de 688 investigaciones corresponden a funcionarios, mientras que más de 900 están relacionadas con policías municipales, de las cuales una parte importante continúa activa.

Sanciones y medidas disciplinarias

Como resultado de estos procesos, las autoridades han aplicado diversas sanciones. Entre ellas destacan:

  • Decenas de sanciones administrativas
  • Suspensiones temporales
  • Separaciones definitivas del cargo

En el caso de los elementos policiales, las investigaciones han derivado en suspensiones y bajas dentro de la corporación, lo que refleja un proceso de depuración interna en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Incremento en revisiones y controles

La Sindicatura también reportó un aumento en las acciones de supervisión, incluyendo:

  • Miles de exámenes toxicológicos aplicados a funcionarios y policías
  • Auditorías internas en distintas dependencias
  • Inspecciones a obras y procesos administrativos

Estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la vigilancia institucional y atender denuncias ciudadanas, tanto formales como anónimas.

En paralelo, autoridades de seguridad han reconocido que algunos agentes han sido separados por presuntos vínculos con actividades ilícitas o por incumplir controles de confianza, mientras otros permanecen bajo investigación o suspensión.

El volumen de expedientes activos refleja un incremento en la actividad de los órganos de control interno, que han intensificado la atención a reportes ciudadanos y el seguimiento de irregularidades.

Autoridades señalan que este aumento no necesariamente implica mayor corrupción, sino una mayor capacidad de detección, investigación y sanción dentro de la administración pública municipal.

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Redacción
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