Un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fue separado de sus funciones de manera preventiva luego de haber accionado su arma de fuego durante un operativo que terminó con la muerte de un conductor en el Valle de Mexicali.
De acuerdo con la información oficial, la medida forma parte del protocolo establecido para los casos en que un elemento policial hace uso de la fuerza letal. Además, el oficial fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que será la encargada de determinar si su actuación se ajustó al marco legal.
Los hechos ocurrieron tras un reporte recibido en la línea de emergencias 9-1-1 por presuntas amenazas de muerte en un domicilio del ejido Pachuca. La persona denunciante señaló a dos hombres y dos mujeres como presuntos responsables y proporcionó las características del vehículo en el que se desplazaban.
Con esa información, agentes municipales implementaron un operativo de búsqueda y localizaron un automóvil Toyota Camry color dorado con placas de Arizona, cuyos ocupantes coincidían con la descripción proporcionada.
Según la versión de la DSPM, los oficiales marcaron el alto utilizando códigos y sirenas; sin embargo, el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida sobre la carretera estatal número 6, a la altura de la colonia Granados.
Las autoridades señalaron que, al ser interceptado, el conductor presuntamente aceleró el vehículo con la intención de arrollar a los agentes que se encontraban fuera de las patrullas, situación que derivó en que uno de los policías realizara un disparo al considerar que existía un riesgo inminente para su integridad.
El conductor perdió la vida a consecuencia del impacto de bala. En tanto, dos mujeres, de 35 y 30 años de edad, así como un hombre de 30 años, fueron detenidos y presentados ante la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró que la separación preventiva del agente involucrado no representa una resolución sobre su responsabilidad, sino una medida administrativa contemplada en los protocolos para garantizar el desarrollo imparcial de las investigaciones y colaborar con las autoridades ministeriales.
