Establecer sanciones permanentes contra los servidores públicos que incurran en actos de corrupción es el objetivo de una iniciativa presentada ante el Congreso de Baja California por el diputado priista Humberto Valle Ballesteros.
La propuesta plantea que los funcionarios responsables de estas conductas queden inhabilitados de manera definitiva para desempeñar cargos dentro del servicio público, como una medida adicional a las sanciones penales y administrativas que actualmente contempla la legislación.
El legislador señaló que las faltas relacionadas con la corrupción pueden derivar en procedimientos judiciales o administrativos, dependiendo de su naturaleza. Sin embargo, consideró necesario fortalecer las consecuencias para quienes incumplan sus responsabilidades y vulneren la confianza de la ciudadanía.
De acuerdo con el planteamiento, la inhabilitación permanente también podría aplicarse en determinados casos de responsabilidad administrativa, con la intención de evitar que quienes incurran en estas prácticas tengan la posibilidad de regresar a las instituciones gubernamentales.
Buscan respaldo legislativo
Valle Ballesteros reconoció que todavía no había realizado negociaciones con la bancada de Morena, que cuenta con mayoría en el Congreso estatal, para asegurar el respaldo a la iniciativa.
No obstante, manifestó su expectativa de que el proyecto pueda reunir los apoyos necesarios para avanzar en el proceso legislativo. Por su parte, integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional expresaron su respaldo a la propuesta.
La iniciativa deberá avanzar en las etapas correspondientes del Congreso para determinar su viabilidad y, en su caso, definir los alcances legales de las sanciones planteadas.
De aprobarse, la medida representaría un endurecimiento de las consecuencias administrativas para los funcionarios alcanzados por sus disposiciones. Por ahora, la iniciativa se mantiene como una propuesta legislativa, por lo que no debe considerarse una reforma vigente.
