Comerciantes de distintos sectores de Mexicali denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de personas que se identificaron como agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes supuestamente les exigían dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.
Las presuntas amenazas comenzaron en julio y afectaron a propietarios de bazares, llanteras, tiendas de ropa y otros establecimientos de la capital bajacaliforniana.
Los denunciantes señalaron que los individuos llegaban a bordo de camionetas con distintivos oficiales y utilizaban amenazas para presionar a los comerciantes.
Entre las advertencias mencionadas estaban colocarles objetos ilícitos, clausurar sus negocios e incluso atentar contra sus vidas si se negaban a entregar el dinero solicitado.
Exigían miles de dólares a los comerciantes
Uno de los casos documentados corresponde a Joel, propietario de un bazar en la colonia Independencia, quien relató que varios hombres llegaron a su negocio y le solicitaron documentos para comprobar la procedencia legal de sus mercancías.
Aunque presentó comprobantes de compra, documentos de importación y otros registros, presuntamente le dijeron que la documentación no era suficiente y posteriormente le exigieron 10 mil dólares como primer pago.
Según su testimonio, también recibió amenazas contra él y su familia, además de advertencias sobre las consecuencias de acudir ante las autoridades. La situación lo llevó a cerrar temporalmente su establecimiento y buscar protección.
El comerciante aseguró que conservó registros de llamadas telefónicas relacionadas con las amenazas y que reportó los hechos al número de emergencias 911, antes de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Reportan más casos con un mismo esquema
La investigación periodística documentó al menos otros tres casos con características similares. De acuerdo con los testimonios, las cantidades exigidas variaban entre 10 mil y 20 mil dólares, además de posibles pagos mensuales para evitar nuevas intervenciones.
Los afectados también señalaron que algunos de los presuntos responsables habrían sido identificados mediante cámaras de vigilancia y otros registros. Sin embargo, las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar responsabilidades.
El reportaje menciona al comandante de la FGR en Mexicali, David Martínez Ortiz, y a un presunto suboficial identificado por víctimas como Sergio Carrera o Cuadros, en relación con los señalamientos.
Estas menciones forman parte de las denuncias recopiladas por el medio y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de culpabilidad.
Piden investigar las denuncias
Los testimonios exhiben la preocupación de comerciantes que aseguran sentirse vulnerables ante las presuntas amenazas y temen que sus establecimientos sean afectados por negarse a pagar.
El caso también plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de los cuerpos de seguridad y la protección que reciben las víctimas de extorsión.
Hasta la información consignada en el reportaje, los casos documentados incluían denuncias y testimonios de los afectados, por lo que será necesario que las instancias correspondientes investiguen los hechos y determinen si hubo participación de servidores públicos.
La extorsión representa una amenaza para la actividad económica y la seguridad de los negocios, especialmente cuando las intimidaciones provienen de personas que presuntamente utilizan uniformes, vehículos o identificaciones oficiales para generar temor.
