El Ayuntamiento de Mexicali enfrenta compromisos financieros que superan los 2 mil 350 millones de pesos, derivados principalmente de las aportaciones para cubrir el déficit de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), así como de adeudos por laudos laborales.
Las cifras fueron expuestas durante la revisión del segundo informe de gobierno municipal y reflejan dos obligaciones distintas que presionan el presupuesto de la administración local: los recursos destinados al sistema de pensiones y los pagos pendientes a trabajadores que obtuvieron resoluciones favorables en procedimientos laborales.
De acuerdo con el tesorero municipal, Roger Sosa Alaffita, durante los últimos cuatro años se han canalizado alrededor de mil 900 millones de pesos para atender el déficit de Issstecali.
A esta cantidad se suman 457 millones 691 mil pesos correspondientes a laudos laborales firmes, cuyo pago continúa pendiente.
Aportaciones a pensiones presionan las finanzas municipales
Entre los recursos destinados a Issstecali, el Ayuntamiento reportó una aportación de 350 millones de pesos durante el primer año de la administración y de 625 millones en el segundo.
Para 2026, la previsión presentada por la Tesorería municipal contempla destinar entre 650 y 700 millones de pesos adicionales para atender el déficit del instituto.
Estas aportaciones representan una parte importante de los compromisos financieros municipales y mantienen abierto el debate sobre la disponibilidad de recursos para obras públicas, infraestructura y servicios para la población.
Durante la revisión del informe, integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional señalaron que la presión presupuestaria puede repercutir en proyectos como la Academia de Policía, los centros de transferencia de residuos y distintas obras viales.
Ayuntamiento mantiene 743 laudos laborales pendientes
Otro de los rubros que inciden en las finanzas municipales es el rezago de los procedimientos laborales.
El encargado de despacho de la Oficialía Mayor, Julián Alanís, informó que el Ayuntamiento enfrenta mil 411 juicios laborales en distintas etapas procesales. De ese total, 743 corresponden a laudos firmes, es decir, resoluciones definitivas que deben cumplirse.
El monto pendiente por estos conceptos asciende a 457 millones 691 mil pesos.
Durante el ejercicio reportado, la administración informó pagos por poco más de 10.2 millones de pesos relacionados con estos adeudos, una cantidad reducida frente al pasivo acumulado.
La situación también tiene consecuencias para los extrabajadores y sus beneficiarios, algunos de los cuales llevan años esperando el cumplimiento de las resoluciones y las compensaciones correspondientes.
Ante este panorama, durante la revisión se planteó la necesidad de establecer mecanismos de pago que permitan avanzar en la atención de los expedientes pendientes.
Refuerzan medidas para recuperar adeudos del predial
Además de las obligaciones relacionadas con pensiones y laudos, el Ayuntamiento busca mejorar la recaudación del impuesto predial para fortalecer sus ingresos propios.
Entre las medidas expuestas se encuentran la colocación de avisos en propiedades con adeudos, el envío de cuentas catastrales al Círculo de Crédito y la aplicación de procedimientos administrativos de ejecución para recuperar los recursos pendientes.
Según las cifras presentadas, de aproximadamente 30 mil claves catastrales enviadas al Círculo de Crédito, cerca del 40% de los deudores había liquidado sus adeudos.
En materia de multas relacionadas con el predial, se identificaron alrededor de 160 mil sanciones. De ellas, 46 mil 778 habían sido pagadas, lo que generó ingresos por aproximadamente 23 millones de pesos, mientras que más de 113 mil permanecían pendientes.
El Ayuntamiento proyecta cerrar el ejercicio fiscal de 2026 con un presupuesto ejecutado cercano a los 7 mil 450 millones de pesos.
De acuerdo con la información presentada, aproximadamente el 43% de los recursos provendría de ingresos propios, mientras que el 57% restante correspondería a aportaciones y participaciones federales.
