Con el objetivo de medir los avances de proyectos productivos y coordinar el cierre de metas sectoriales, autoridades estatales realizaron la sesión del Gabinete de Desarrollo Económico de Baja California. El encuentro, coordinado por Ariel Alejandro Lizárraga Montero, reunió a los titulares de las áreas productivas, ambientales y laborales de la entidad.
La agenda se enfocó en consolidar certidumbre operativa para las industrias locales, fortalecer la derrama turística en la zona costa y atender compromisos históricos en materia laboral y ecológica en el sur de la entidad.
Durante el análisis del sector servicios y comercio, los funcionarios determinaron fortalecer los corredores de mayor afluencia turística en Tijuana y Ensenada mediante una mayor coordinación institucional, buscando mantener el ritmo de derrama económica en ambos municipios.
En el ramo agropecuario, el Gobierno del Estado analizó el programa para la certificación sanitaria orientada a la exportación de ganado bovino en pie. Este proyecto cuenta con una ruta técnica proyectada a siete años, con el fin de consolidar estándares fitosanitarios y asegurar el acceso de productores locales a mercados internacionales.
En seguimiento a los compromisos del Plan de Justicia de San Quintín, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), acordaron un esquema conjunto de inspección en campos agrícolas para verificar el cumplimiento formal de las condiciones de trabajo y los derechos de los jornaleros.
A la par, la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA) reportó el calendario operativo para concretar la entrega de apoyos directos a pescadores de las comunidades del sur de la entidad.
En la agenda de protección ambiental, las autoridades revisaron los censos de campo para ubicar y sanear tiraderos clandestinos, labor coordinada con las administraciones municipales para evitar riesgos sanitarios y afectaciones en cauces pluviales.
Finalmente, el Centro de Conciliación Laboral presentó el balance del periodo 2022-2025, reportando un incremento en la tasa de resolución de conflictos por la vía de acuerdos entre trabajadores y empleadores, lo que consolida un entorno de certidumbre legal en Baja California.
